viernes, 11 de abril de 2008

Nadie es superior a la ley

Guatemala, 11 Abr (Cerigua).- Los agentes de la PMT que cometieron delitos durante un desalojo de vendedores, deben someterse a los tribunales; tratar de evitar el descubrimiento de estos hechos delictivos y ocultar la identidad de los responsables, también es delito.

De acuerdo con el editorial publicado en el periódico Siglo Veintiuno, el violento desalojo de vendedores de la economía informal, ubicados frente al Hospital Roosevelt, tiene visos de convertirse en un caso típico de encubrimiento, peor aún de querer ejercerse el poder municipal de la ciudad Guatemala sin sujetarse a las leyes del país.

La postura tomada por el alcalde Álvaro Arzú al afirmar ante los medios, “yo asumo íntegramente la responsabilidad” por tales hechos, no es más que un reflejo impulsivo de proteger, a ciegas, a uno o más trabajadores suyos que cometieron varios delitos.

Esa cuestionable actitud fue abonada con otra frase que puede revertírsele al jefe edil, “la razón la tiene la autoridad”; se entiende la potestad y la facultad que tiene un funcionario para ejercer cierto mando, de hecho o de derecho, pero de ninguna manera significa estar por encima de las normas jurídicas del país, sostiene el editorial.

Además, el desalojo se produjo con agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), quienes no están autorizados para ello; los familiares de los vendedores también han manifestado que el desalojo se produjo en circunstancias violentas, y si esto le parece insuficiente al alcalde Álvaro Arzú, hay pruebas contundentes de que un fotógrafo del diario “Al Día” fue atacado brutalmente por agentes de la PMT.

La razón, esa facultad para ejecutar acciones correctas, es totalmente distinta a excederse en el ejercicio de sus atribuciones; con la circunstancia agravante de que los PMT cometieron un delito aprovechando la desproporción de fuerza; incluso no les importó hacerlo frente a los periodistas de varios medios de comunicación que documentaron el hecho, señala Siglo Veintiuno.

Cualquier acción fuera de la legalidad y de los derechos humanos, la cometa quien la cometa, constituye delito; ya pasaron los tiempos en los que los funcionarios públicos ejercían sus puestos contra derecho y a medida de su voluntad, concluye el editorial.

Fin Cerigua

Mc-Ld

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