Guatemala, 28 Mar (Cerigua).- La Convergencia por los Derechos Humanos se pronunció ante los sucesos ocurridos en Puntarenas, Livingston, Izabal, en el que murió un campesino, y reiteró que la situación de violencia existente en algunas comunidades de dicho departamento se debe a la falta de atención integral por parte del gobierno a la problemática de la tierra y el desarrollo rural.
En un comunicado de prensa, el colectivo denunció las irregularidades que cometió el gobierno y estableció que la muerte de Mario Caal Bolom, miembro de la comunidad Puntarenas, fue ocasionada por las fuerzas de seguridad, quienes le lanzaron una bomba lacrimógena, tras lo cual fue golpeado y estrangulado con su propia camisa.
En una visita que la organización realizó en el lugar de los hechos concluyeron que el cuerpo sin vida del campesino permaneció durante 19 horas en el lugar sin que ninguna autoridad de justicia removiera el cadáver; miembros de la comunidad y de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) informaron que pidieron al Ministerio Público (MP) que procediera a revisar la escena del crimen.
José Eduardo Cabrera, Fiscal Distrital de Puerto Barrios, se negó a entrar a la comunidad bajo la excusa de que temía por su seguridad y que no se le permitiría el ingreso, por lo que la PDH retiró el cuerpo de la víctima y la entregó para el examen forense.
El 17 de marzo, el mismo fiscal ingresó a la comunidad acompañado de cerca de 50 elementos de las fuerzas de seguridad, con orden de juez, para realizar allanamientos, sin encontrar resistencia alguna; en dicha operación se encañonó a integrantes de la comunidad entre las que se encontraban niños, mujeres y ancianos, sin que hayan encontrado armas en esa inspección, señaló el comunicado.
El 16 de marzo, la Jueza Silvia Lorena Vásquez, del Juzgado de Paz de Puerto Barrios, emitió una orden de allanamiento, inspección y registro, estableciendo la captura de personas individualizadas; resalta el hecho de que la disposición de detención estaba dirigida hacia dirigentes que habían participado en una mesa de negociación.
La organización consideró que esos hechos constituyen violaciones a los derechos humanos por los delitos de ejecución extrajudicial, tortura, secuestro, uso excesivo de la fuerza, allanamiento ilegal, destrucción de propiedad privada y abuso de autoridad.
Las agrupaciones demandaron al Viceministro de Gobernación, Hernández Umaña, rendir informe público de lo acontecido y aclarar los delitos que se le imputan a las personas detenidas y que sirvieron de canje por los turistas belgas; al Ministro de Gobernación que sometiese a investigación administrativa y penal a los funcionarios involucrados en esas acciones violatorias de los derechos humanos.
Conforman la Convergencia por los Derechos Humanos, el Instituto de Estudios Políticos Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Asociación para la Seguridad en Democracia (SEDEM), la Oficina de Derechos Humanos Arzobispado de Guatemala (ODHAG), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) y la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.
Fin Cerigua
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