Por Melissa Vega
Guatemala, 27 Mar (Cerigua).- El norteño departamento de Petén, con una extensión de 35 mil 854 kilómetros cuadrados, constituye el más grande de Guatemala, de gran riqueza natural, cultural y arqueológica, asediada constantemente por saqueadores, pero también presenta otras problemáticas como la narcoactividad, las ocupaciones ilegales y la tala inmoderada; el estado insiste en hacer responsables a los campesinos y a los pobladores de la persistencia de dichos problemas.
Según ha trascendido en diversos medios escritos, en el citado departamento se han incrementado en los últimos meses los incendios forestales con fines agrícolas, ganaderos, de usurpación, para la ubicación de viviendas y para la construcción de “narcopistas.
Narcotráfico difícil de combatir
Datos del Servicio de Análisis e Información Antinarcótica (SAIA), revelan que en Petén se han descubierto 15 pistas, especialmente en el Parque Laguna del Tigre, utilizadas para el aterrizaje de avionetas cargadas de estupefacientes; en dicha zona también se han registrado aproximadamente cuatro ocupaciones de tierras de forma ilegal.
La SAIA aduce que las extensiones no han sido desalojadas, ya que el movimiento de elementos policiales y demás equipo tiene un costo de 540 mil quetzales; además, “los campesinos” se encuentran armados y bajo la protección del narcotráfico.
Las y los pobladores son utilizados por grupos de narcotraficantes para la vigilancia, como testaferros en las propiedades que adquieren u ocupan, custodios y mano de obra de los cargamentos de droga; se convierten en cómplices y en guardaespaldas de los líderes, aseguró Pedro Tobar, Jefe de la SAIA.
El diputado Francisco Barquín, de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales del Congreso de la República, señaló que los tres poderes del estado no han logrado coordinar acciones porque son zonas visitadas constantemente por turistas y en muchas ocasiones traspasan los límites geográficos de Guatemala.
Cada vez que se presenta una iniciativa de intervención para Petén, uno de los tres poderes no está de acuerdo con la forma de ejecución y los planes quedan varados, añadió Barquín.
Los recursos naturales y el patrimonio cultural
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) identificó 27 nuevas ocupaciones llevadas a cabo en lo que va del 2008, principalmente en el Parque Laguna del Tigre, la Reserva de la Biosfera Maya, la zona forestal La Pasadita y La Palotada, entre otras importantes áreas protegidas ubicadas en Petén.
Alejandra Sobenes, Viceministra de Ambiente, expresó que la situación que se vive en dicho departamento es “caótica”, ya que se da una oleada impresionante de migraciones hacia esa localidad para ocupar tierras, aumenta el número de incendios forestales y se pierde constantemente el patrimonio natural del país.
Entre el 2002 y el 2004 Guatemala perdió anualmente 23 mil hectáreas de bosque y bosque virgen, que ahora son utilizadas para la agricultura, la ganadería y actividades ilegales, aseguró Sobenes.
La funcionaria hizo un llamado a las comunidades, a los campesinos y a los pobladores para que no se dejen sorprender por grupos paralelos, ya que las usurpaciones no resolverán sus problemas de pobreza, ni de seguridad alimentaria, por el contrario producirán más deterioro ambiental y pérdida de biodiversidad.
Érick Ponciano, Subdirector de la Oficina de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes, indicó que las ocupaciones de los sitios arqueológicos Aguateca, Dos Pilas y Ceibal, en Petén amenazan con hacer colapsar las estructuras mayas.
Las talas ilegales habían llegado a los límites de las reservas forestales que rodean los sitios, pero ahora están dentro de lo que fueron las zonas residenciales mayas, en los alrededores de las plazas y templos mayores, aseguró Ponciano.
El problema es que los bloques con que fueron construidas las estructuras sagradas son de piedra caliza, que al someterse a altas temperaturas se convierten en cal y se pulverizan, enfatizó el funcionario.
Campesinos y pobladores no son los responsables
Tanto la SAIA como el MARN y el Ministerio de Cultura, han hecho responsables a los pobladores y a los campesinos de la destrucción de importante patrimonio cultural y natural de la nación, así como de participar en actividades del narcotráfico.
Yuri Melini, Director del Centro de Acción Legal Ambiental-Social (CALAS), señaló que las usurpaciones son un tema que involucra a poderes paralelos y actividades del crimen organizado, basándose en supuestos movimientos campesinos.
Es lamentable que las autoridades locales, de seguridad y ambientales, en lugar de cumplir con la ley y procurar la vigencia del estado de derecho en Petén, negocian con “supuestos” ocupadores, quienes son utilizados por narcotraficantes; la ausencia de justicia fomenta las usurpaciones, añadió Melini.
Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC), no descartó que los campesinos en la localidad participen de actividades ilegales, pero en muchas ocasiones lo hacen bajo amenazas y condicionamientos de grupos paralelos, los cuales son los principales promotores de las ocupaciones.
El estado, a través de sus funcionarios, criminaliza la lucha campesina, sin analiza la realidad de los trabajadores del campo; es indispensable que el estado aborde la problemática de forma responsable e inmediata, concluyó Pascual.
Fin Cerigua
Mv-Ld.
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