Alerta amarilla para la prensa guatemalteca

La emisión del pensamiento sin censura previa, recibir información y darla de sí mismo, son derechos humanos nacional e internacionalmente consagrados, la Constitución reconoce que la información estatal es pública y garantiza el libre acceso a las fuentes, señaló Ileana Alamilla.

Alamilla destacó en su columna Eclipse, publicada en Prensa Libre, que una de las primeras medidas tomadas por la nueva administración, la Secretaría de Comunicación Social, a través de su titular, Ronaldo Robles, anunció que el Gobierno se proponía centralizar la información pública de esa dependencia, decisión que generó desconcierto y fue criticada.

Esa política informativa fue modificada, sin embargo, han ocurrido una serie de situaciones que deben ser analizadas en la esfera gubernamental, para evitar que se conviertan en una tendencia peligrosa que genere enfrentamiento con las autoridades por la defensa del derecho y del trabajo periodístico, dijo Alamilla.

El pasado 6 de marzo en Quetzaltenango, personal del Servicio de Análisis e Información Antinarcòtica (SAIA) agredió y golpeó a varios periodistas que cubrían la detención de miembros de la Policía, supuestamente implicados en el robo de joyas en esa cabecera departamental.

Además de constituir un delito, el hecho cobra relevancia, dado que se trata de limitar la información sobre la participación de agentes de las fuerzas de seguridad en hechos ilícitos, en momentos en los que el Mandatario ha asegurado que en su gobierno no existen poderes paralelos, indicó la periodista.

En Sololá, el 4 de marzo, Wendy Ruano, irónicamente encargada de la Comunicación de la esposa del presidente, intentó coartar a la Prensa en el derecho de dar cobertura a una actividad pública en la que participaban la Primera Dama, quien presentó disculpas a los medios.

El 16 de febrero en Antigua Guatemala, la seguridad presidencial y autoridades de la municipalidad encerraron a periodistas para evitar que tuvieran acceso al Presidente.

Estamos en presencia de actitudes recurrentes, asumidas por funcionarios y autoridades que extralimitándose en sus funciones, pretenden imponer disposiciones ilegales y actitudes arbitrarias a los comunicadores, señaló la columnista.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión advierte, entre otras cosas, que es deber de los Estados prevenir los hechos que violentan y coartan la libertad de expresión, estamos ante casos que se encuadran en esta violación; hay que frenar esta tendencia que puede convertirse en un riesgo innecesario para el Gobierno, la alerta todavía es amarilla, concluyó.

Fin Cerigua

Mc-Ld