El libre acceso a la información

Guatemala, 4 Abr (Cerigua).- Uno de los temas desarrollados en la conferencia sobre la Libertad de Expresión en Guatemala, organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), fue el de la Ley de Acceso a la Información, que de ser aprobada permitirá que los guatemaltecos sean informados de manera directa sobre el proceder de los funcionarios.

De acuerdo con la columna Catalejo, de Mario Antonio Sandoval, publicada en el diario Prensa Libre, esta ley autorizará a todo ciudadano a solicitar información de la calidad y cantidad de los gastos de las instituciones públicas, así como de los ahora tan populares fideicomisos, realizados con el evidente fin de incumplir las leyes de la materia.

Sandoval señala que la ley impedirá los casos de impunidad, amañados con el pretexto de la seguridad nacional y del secreto de Estado, figura cuya justificación es cada día más difícil en un país como Guatemala y en un mundo como el actual.

Una ventana para Guatemala, es la posibilidad de hacer comparaciones con las leyes de la misma materia en otros países; es posible entonces evitar los errores o los párrafos confusos de estas leyes y por eso la de Guatemala tendrá mayores posibilidades de ser aplicable, dijo.

Sin embargo en el Congreso se necesita de otras igualmente importantes y relacionadas, como la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito; en la actualidad, alguien puede saltar de la bicicleta al convertible de lujo, o de un área marginal a un edificio de apartamentos de costo millonario, sin temer una investigación gubernativa, ni siquiera una sanción social.

En la actividad, el Presidente Álvaro Colom, al firmar la adhesión a la Declaración de Chapultepec, expresó una frase importante, la verdad emerge tarde o temprano y el Estado no debe tener nada secreto, esto abre la esperanza de una actitud de comprensión al beneficio para todos, la Prensa o instituciones sociales.

Lo más importante es la necesidad de planificar las sanciones legales y económicas para quienes, estando en el sector público, se nieguen a proporcionar la información solicitada; si no hay sanciones todo es inútil, por eso éstas son parte integrante del andamiaje de esta ley, concluyó.

Fin Cerigua

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