martes, 11 de marzo de 2008

El Presidente decidirá sobre pena capital; aumenta debate nacional

Guatemala, 11 Mar (Cerigua).- En el período del 11 al 15 de marzo, Álvaro Colom, Presidente de la República de Guatemala, deberá decidir en definitiva sobre el indulto presidencial, de cuya resolución depende la reactivación de la pena de muerte en el país, mientras que el debate nacional a favor y en contra del castigo capital aumentó.

Por ley le corresponde al Mandatario de la Nación aceptar o rechazar, esta semana, el decreto legislativo 06-2008, emitido el 13 de febrero de 2008, que restituye la clemencia presidencial para los reos condenados a ejecución por inyección letal.

Con anterioridad, Colom declaró que no otorgaría el perdón a las personas privadas de libertad, cuyos procesos judiciales hubieran concluido con la sentencia a la pena de muerte y el anuncio fue calificado por diversas personalidades, organizaciones de derechos humanos y sectores de opinión como el cierre de toda posibilidad para salvar la vida a 41 sentenciados, entre los cuales 23 tienen la opción de plantear el recurso de gracia.

Desde la emisión del decreto legislativo 6-2008, en Guatemala sobresalió la oposición a la aplicación de la pena de muerte por parte de tres grandes actores: las iglesias, principalmente la Católica, las organizaciones sociales, particularmente las de derechos humanos y pro justicia, así como de organismos y cooperantes internacionales, en tanto que encuestas, efectuadas por la prensa, mostraron la aceptación del mortal castigo.

Los argumentos comunes, sobre el rechazo a la pena y al indulto, subrayaron que la ejecución de reos no desmotiva para delinquir, pero sí se amplía el círculo de una cultura de la muerte e irrespeto por el derecho a la vida, por lo que las acciones para garantizar la seguridad y la disminución de la criminalidad deben enfocarse al fortalecimiento del sistema de justicia y la erradicación de la impunidad, según diversas publicaciones de prensa.

La comunidad internacional recordó que el estado firmó y ratificó varios instrumentos internacionales en los que se promueve la abolición de la pena capital, como la Moratoria Universal, adoptada en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 2007.

En las Jornadas por la Vida y la Paz, en las que participan cientos de personalidades y organizaciones sociales, se destacó que las ejecuciones son una expresión trágica del fracaso del estado en las políticas de seguridad.

Fin Cerigua

Sm-Ld

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