Guatemala, 26 Mar (Cerigua).- La abogacía y notariado es una profesión que cumple un papel determinante en la sociedad en términos jurídicos y políticos, quienes la ejercen tienen bajo su responsabilidad uno de los tres poderes del Estado, el Organismo Judicial, subrayó Ileana Alamilla.
En su columna “Abogacía y Notariado”, publicada en Prensa Libre, Alamilla señaló que los y las abogadas y notarias tienen el privilegio de incidir en la esfera privada y pública, están acreditados para impartir justicia y para litigar e interpretar leyes; además, atestiguan hechos que presencian o circunstancias que les constan, convirtiéndolos en depositarios de la fe pública, aseveró.
Según la columnista, el ejercicio jurídico requiere de altos niveles de preparación, eficiencia y calidad, pero también exige tener como sustento los valores y un comportamiento ético, ya que esta actividad se desempeña con base en la razón y el derecho.
Las acciones de los juristas, para que sean coherentes con la naturaleza de su profesión, deben contribuir a preservar la paz social, garantizar la defensa del Estado de Derecho y de la protección de los derechos humanos y aportar seguridad y certeza jurídica a los ciudadanos, indicó la profesional.
Sin embargo, el sistema de justicia ha despertado la desconfianza durante décadas y ha sido señalado continuamente de corrupción, colusión, retardo en la aplicación de justicia, tráficos de influencias y otros actos ilícitos que no han podido ser erradicados de los tribunales, lo que contribuye al descrédito de jueces y magistrados, con honrosas excepciones, agregó la periodista.
Alamilla apuntó que las malas prácticas del notariado, visibles en casos recientes de adopciones que generaron ganancias millonarias o en despojos de tierras “debidamente legalizadas”, han despertado el repudio generalizado; por lo tanto, urge la reivindicación ética de ambas profesiones y las facultades de Derecho y el Colegio de Abogados y Notarios tienen una gran responsabilidad en esto, finalizó.
Fin Cerigua
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