Guatemala, 9 May (Cerigua).- La resistencia de las comunidades a la explotación minera se consolida cada vez más y mientras unos ven en esas posturas radicales la influencia de líderes sospechosos o simple ignorancia, otros perciben en ese movimiento social importantes cuestiones que le urgen al estado considerar y resolver, aseguró Carol Zardetto.
Zardetto, en un artículo de opinión publicado en elPeriódico, indicó que las comunidades se oponen a las concesiones mineras, ya que las negociaciones entre el gobierno y las compañías carecen de un elemento común que impide la participación democrática: la transparencia.
Son negocios que se celebran a puerta cerrada, sin que los ciudadanos y ciudadanas puedan conocer y menos opinar, sobre las causas y las consecuencias que conllevará la explotación de los recursos naturales en sus poblados, señaló la articulista.
De acuerdo con la profesional, pareciera que la excesiva discrecionalidad que tienen los funcionarios de turno para “vender los recursos naturales”, tiene como propósito que las comunidades no ejerzan ningún control o lleven a cabo auditoria social, lo que facilita la corrupción.
Los negociadores se quedan con la mayoría de las ganancias, el país recibe un puñado de empleos mal pagados, las regalías son ínfimas y el daño al medio ambiente incalculable, enfatizó Zardetto.
El patrimonio natural de la nación constituye la esperanza de generaciones de guatemaltecos de encontrar mejores opciones de vida, sin embargo, cuando son dilapidados por funcionarios inescrupulosos, se perjudica a las comunidades postergadas del desarrollo; se trata de un robo sofisticado de la riqueza que le pertenece a la gente, añadió la columnista.
La explotación minera implica la devastación del ambiente y generalmente a las compañías que explotan en países como Guatemala, no les exigen las costosas medidas preventivas ni se les imponen los controles que tendrían en naciones mas industrializadas.
Actualmente el gobierno negocia concesiones petroleras con Perenco, las ganancias que obtendrá son históricas y se oponen a que la sociedad civil revise las condiciones de los contratos, tampoco la inclusión de una parte de la biosfera Maya en el paquete, concluyó Zardetto.
Fin Cerigua
Mv-Ld
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