martes, 6 de mayo de 2008

La legislación mexicana es violatoria de la libertad de expresión

Guatemala, 6 May (Cerigua).- Aunque los políticos mexicanos dijeron que la nueva Ley Electoral no violaba la libertad de expresión, el Instituto Federal Electoral (IFE) lleva esta censura más allá de lo que la ley ordena.

De acuerdo con un comunicado publicado en la “Revista Vértigo”, la nueva Ley Electoral prohibió a los partidos políticos contratar tiempos de radio y televisión, excepto a través del IFE; también vedó la contratación de tiempos en esos mismos medios por particulares que buscaran influir en las preferencias electorales de los ciudadanos.

Uno de los afectados fue el Frente Amplio Progresista, que es una organización de partidos que decidió contratar un tiempo de televisión para convocar a una reunión en el Zócalo, en la que discutiría un tema político; según el documento, éste no es un partido político y el IFE no tiene la facultad para censurarlo.

También la asociación civil Velasco Arzac, deseaba contratar un tiempo en medios, no para respaldar a un partido o para influir sobre las preferencias electorales, sino para cuestionar la toma de las tribunas legislativas por parte de un grupo de partidos políticos.

En los dos casos, el IFE decidió convertirse en censor; poco le importó que la ley no permitiera la censura de un acto de promoción de una reunión política o por una organización que no es un partido, ni la protesta por un abuso de un grupo de políticos en un tiempo electoral; ante la duda esta entidad prefirió censurar, señala la información.

Lo curioso del caso es que esta censura se aplica a radio y televisión, pero no a los medios escritos o al Internet; con esto se viola por supuesto, el principio de la aplicación general en la ley; los políticos no pueden decir que la nueva Ley Electoral no es violatoria a la libertad de expresión.

Por otro lado y en relación al tema de las telecomunicaciones, en Guatemala la Sala de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República, eliminó el capítulo de régimen financiero de la iniciativa de ley que buscaba imponer cuotas porcentuales por proyección en salas de cine, al sistema de cable y alquiler de audiovisuales, entre otras actividades similares.

De acuerdo con la información publicada en el diario Siglo Veintiuno, los argumentos de algunos parlamentarios de la Bancada del Partido Unionista y del Frente Republicano Guatemalteco, es que ya existe la ley de espectáculos públicos que determina las cuotas.

Fin Cerigua

Mc-Ld

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